Diego Hurtado
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/ciencia-para-que/
El “Plan
Barañao”, lanzado en 2013, tenía como meta el aumento del ingreso de
investigadores al CONICET “a un ritmo del 10% anual”. Un recorte en los fondos
destinados a la ciencia dejaba a científicos y becarios fuera del consejo.
Después de una semana de protestas y un principio de acuerdo, Diego Hurtado,
doctor en Física y miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción
Nacional de CyT en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, recorre la historia
del CONICET y propone un debate sobre qué tipo de conocimiento necesita un país
como Argentina y cómo planificar la formación de técnicos, ingenieros y
científicos sociales y naturales.
Entre las
promesas de campaña, Mauricio Macri explicó que el crecimiento de las
actividades de investigación heredado del kirchnerismo iba a sostenerse. En
este caso único y excepcional la pesada herencia se reconocía virtuosa. También
sostuvo que iba a sostener el incremento paulatino en el sector de ciencia y
tecnología hasta alcanzar el 1,5%, una proporción semejante a lo que invierte
un país como Irlanda. Como referencia, digamos que los gobiernos kirchneristas
habían pasado de poco menos del 0,4% al 0,6% y que Brasil invierte 1,15%; China
2,1%; Estados Unidos 2,7% y Corea del Sur, 4,3%. Es decir, estábamos en la
mitad del río. Sin embargo, a contramano de todas las promesas, en el
presupuesto nacional aprobado por el Congreso para 2017, Ciencia y Técnica cayó
un 18% respecto del presupuesto para 2016. Irónicamente, los servicios de deuda
pública se incrementaron en más de un 85%. Si además se considera que la
actividad industrial cayó un 5% en 2016, hoy la proa del país apunta con esmero
hacia el subdesarrollo. El primer impacto de estos “números” deja sin
trabajo a 500 investigadores jóvenes que, en promedio, llevan siete años
financiados por el CONICET con becas de formación doctoral y posdoctoral. De
los aproximadamente 900 becarios recomendados para ingresar a la carrera de
investigador del CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MINCyT) solo tiene fondos, dice, para financiar el ingreso de 400.
Ahora bien, detrás de los casi 500 becarios que pueden quedar en la calle en
2017 vienen en fila india más de 9.000 becarios que hoy avanzan en sus
investigaciones doctorales y posdoctorales y que esperan ingresar a la carrera
de investigador de CONICET en los próximos años. Y esto es así porque
había un plan. Y el ministro Lino Barañao fue quien lo impulsó. Y el actual
presidente de CONICET, Alejandro Cecatto, era secretario de Barañao cuando se
diseñó esta política pública. Ambos aparecen en YouTube, de corbata flamante y
gesto verosímil, cuando Cristina presentó, en marzo de 2013, el Plan Argentina
Innovadora 2020 o, digamos como homenaje, el “Plan Barañao”. El ministro
explicaba en el acto de presentación que habían participado de la elaboración
del programa “más de 300 profesionales de todo el país”. “Nunca antes se ha hecho
un esfuerzo tan riguroso”, aseguraba sin reírse y remarcó que había “metas
claramente definidas”. Veamos la meta de la discordia del “Plan
Barañao”. En castellano prístino se lee: “Se apuntará a la federalización de
los recursos humanos priorizando el 25% de las vacantes del CONICET en aquellas
regiones del país con escaso desarrollo científico-tecnológico y a incrementar
el ingreso de personal a esta institución a un ritmo del 10% anual”. Es este
insoportablemente kirchnerista “10% anual” el que transforma a Barañao y a
Cecatto en las pesadas herencias de sí mismos. No hace falta calculadora. Si en
2016 el CONICET tiene aproximadamente 9200 investigadores de carrera, la
expresión “10% anual” significa que en 2017 deben ingresar alrededor de 920
becarios a la carrera de investigador de CONICET. Y esta cifra no es
arbitraria. El “Plan Barañao” la fundamenta. Tratemos de avanzar, entonces, en
comprender los fundamentos de este “10% anual”, que el presidente del CONICET
negó en el programa de televisión de Marcelo Zlotogwiazda del 12 de diciembre y
que el periodista Claudio Martínez tuvo que leerle, dando lugar a una de las
escenas más penosas que registra la ciencia argentina: un así llamado
presidente de CONICET que para salir del paso comienza a denostar la
institución que preside. Una trayectoria institucional larga y sinuosa
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
fue creado por decreto-ley 1291, promulgado el 5 de febrero de 1958. Su
proyecto fue concebido por un grupo de científicos liderados por el fisiólogo y
premio Nobel Bernardo Houssay, que asumió como presidente vitalicio hasta su
muerte en 1971. El objetivo original del CONICET era organizar y
fortalecer la investigación en las universidades –aumentar la dotación de
docentes- investigadores a tiempo completo de aquellas “personas que hayan
mostrado capacidad en la realización de investigaciones y en la formación de
discípulos”– y promover estándares internacionales de calidad para la
producción científica, además de criterios para la asignación de recursos.
También se le dio la potestad de autorregular sus actividades. Desde el
comienzo, se puso en marcha un programa de becas, destinadas a la formación de
investigadores –tanto en el país como en el extranjero–, un programa de
subsidios para investigaciones específicas, adquisición de equipos e
instrumental, repatriación, contratación de investigadores extranjeros y viajes
al exterior. Si bien la “carrera de investigador” se inicia en 1961,su
sentido inicial era un suplemento salarial para fortalecer la dedicación
completa a la investigación y la docencia en las universidades. El 23 de mayo
de 1973 –dos días antes de la asunción del gobierno de Héctor Cámpora– se
sancionó una ley que aprobaba un nuevo estatuto para las carreras del
investigador científico y del personal de apoyo del CONICET, como los conocemos
hoy. Entre otras cuestiones, a partir de esta ley, los investigadores y el
personal de apoyo pasaban a tener estatus de personal civil de la
administración pública nacional. Los sucesivos golpes militares, junto
con sus pretensiones refundacionales –expresión grandilocuente que se traduce
como “desguace del Estado y sus instituciones”– produjeron sucesivas
distorsiones y discontinuidades en las políticas que orientaron al CONICET.
Citemos un ejemplo. A comienzos de los años setenta, el CONICET tenía 13
institutos propios. Al final de la dictadura, en 1983, pasó a tener 116
institutos y 7 centros regionales. Este proceso fue acompañado por actividades
de malversación de fondos de algunos funcionarios de la dictadura y de un
crecimiento desproporcionado de la superestructura administrativa. El saldo era
su desvinculación de las universidades. Con la vuelta a la democracia,
en diciembre de 1983, el CONICET apenas superaba los 2000 investigadores. El
gobierno de Raúl Alfonsín se propuso eliminar del CONICET las dinámicas
autoritarias heredadas de la última dictadura y recuperar sus vínculos con las
universidades. También reconocía“ la irrupción del problema tecnológico” y,
mientras asumía la “tremenda importancia”de la investigación básica”, se
comprometía a “hacer un gran esfuerzo para aumentar la investigación
tecnológica”. En ese momento era claro que los resultados logrados en los
laboratorios universitarios o institutos no eran demandados por el sector
privado. Por eso aparecía como un problema urgente la vinculación de la
actividad de investigación al sector productivo. Una de las iniciativas
principales de este período fue la creación, en marzo de 1984, del área de
Transferencia de Tecnología. Sin embargo, estas iniciativas fueron
impulsadas en un contexto de crisis económica, deuda externa y escaso
financiamiento. Según el sociólogo Enrique Oteiza, el objetivo del gobierno de
Alfonsín de “articular e integrar las políticas científicas y tecnológicas con
el resto de las políticas de desarrollo económico y social” no fue posible por
la propia evolución de la economía argentina. Tampoco se pudo cumplir el
objetivo de “establecer un régimen sobre la importación de tecnología y
asegurar su efectiva absorción y adaptación a las condiciones sociales”,
explica Oteiza, dado que era incompatible con las políticas de liberalización y
desregulación de la economía. Con la llegada de Carlos Menem a la
presidencia en 1989, los recambios que se produjeron en las autoridades de la
SECyT y el CONICET iniciaron un período de luchas ideológicas cruentas. Como
parte de los diagnósticos de los organismos financieros internacionales que
comenzó a promover la “revolución cultural” neoconservadora, en 1993, un
informe del Banco Mundial, titulado Argentina. From Insolvency to Growth,
recomendaba la privatización del CONICET. Decía este informe: “El CONICET y la
Fundación Miguel Lilio deberían ser privatizados, resultando en 5.639 posiciones
abolidas del presupuesto público”. En paralelo, las políticas de “achicamiento
del Estado” producían una fuga masiva de cerebros: los jóvenes se iban del
país, los más viejos se acogían al “retiro voluntario”. Una novedad
institucional crucial tuvo lugar a mediados de 1996, cuando se crea la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), iniciativa que iba a
modificar drásticamente los mecanismos de financiamiento de las actividades de
CyT en la Argentina. La creación de la ANPCyT, sostenía el gobierno de Menem,
respondía a la necesidad de contar con un organismo dedicado exclusivamente a
la promoción, sin instituciones propias de ejecución de actividades de CyT,
como era el caso del CONICET. En la actualidad se están produciendo varias
tesis de maestría y doctorado sobre este período, que intentan comprender las
dinámicas de enfrentamientos entre la ANPCyT y el CONICET durante los años
noventa y el cuasi-equilibrio que ambas instituciones finalmente alcanzaron. Si
bien este es un debate abierto, una década más tarde a su entrada disruptiva en
escena, la ANPCyT se transformó en una pieza central para el diseño y ejecución
de recursos de financiamiento para el sector de CyT y para fomentar su
articulación con el sector privado. A comienzos de 2000, Dante Caputo,
secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Fernando De la Rúa, sostuvo
que su propósito era consolidar los vínculos entre las universidades y el
CONICET. Los nuevos miembros de la carrera del investigador debían obtener un
puesto en alguna universidad y, a cambio, recibirían del organismo un
suplemento de dinero sobre su salario universitario. Aquellos que fallaran en
el plazo de cuatro años perderían su cargo en el Consejo. El status de aquellos
investigadores que ya pertenecían a la carrera permanecería inalterado, salvo
que voluntariamente decidieran pasar al nuevo régimen. El CONICET se
había vuelto demasiado burocrático, argumentaba Caputo, y la reforma propuesta
daría mayores oportunidades e incrementaría la movilidad de los investigadores
jóvenes. Muchos interpretaron que esta iniciativa destruiría la estructura de
la carrera del investigador. La rápida reacción de la comunidad científica hizo
que este plan no pudiera ser implementado y que Caputo se volviera a dedicar a
las relaciones internacionales. En la Argentina neoliberal de los años
noventa dominó en el sector de CyT una contradicción esencial. Por un lado, se
hablaba de la necesidad de involucrar a las universidades, al CONICET y al
resto de las instituciones públicas de CyT en el “mundo de los negocios”, pero
en un ecosistema económico que no exigía una orientación hacia un proyecto de
país al sector empresarial, que a su vez no demandaba conocimiento local. Las
empresas trasnacionales traían la tecnología de sus casas matrices y los grupos
concentrados nacionales se dedicaban a la soja o al procesamiento de materias
primas. Por eso, la revolución neoliberal de los noventa no necesitaba ni
científicos, ni tecnólogos. Ni siquiera necesitaba técnicos, por eso clausuró
los colegios industriales de nivel medio. La crisis terminal de 2001 terminó de
arrasar lo poco que quedaba. Maldito “10% anual” Vimos que al
inicio del gobierno de Alfonsín el CONICET tenía poco más de 2.000
investigadores. Casi veinte años más tarde, cuando asume Néstor Kirchner, el
CONICET tenía apenas 3.500 investigadores y 2.200 becarios. De la trayectoria
relatada en la sección anterior se puede inferir el estado de los laboratorios,
de su equipamiento o de la infraestructura. Pero el gobierno de Kirchner trajo
una novedad: por primera vez desde que la última dictadura inició la
destrucción de la industria nacional, un gobierno decía que iba a poner en el
centro de su política económica un proyecto de país industrial. Y los
economistas que estudian desarrollo económico saben, porque es la gran
enseñanza del siglo XX, que el proceso de crecimiento y diversificación de los
sectores industriales demanda conocimiento científico y tecnológico.
Y también saben cuáles son los obstáculos que deben superar los países
en desarrollo como la Argentina. Una de las mayores dificultades es la
presencia de capitales concentrados y empresas trasnacionales junto con las
presiones de los organismos internacionales para que se adopten formas
institucionales, marcos regulatorios y medidas económicas ajenas a la propia
realidad socio-económica. Para enfrentar estas presiones se necesita un Estado
inteligente, robusto y con la legitimidad política para negociar con –y/o
disciplinar a– los poderes económicos que no quieren jugar el juego de la
democracia. Y el conocimiento que necesita un Estado para sus políticas
públicas lo producen las ciencias sociales, las mismas que motivaron que
Domingo Cavallo mandara a los científicos del CONICET a lavar los platos.
Y acá llegamos finalmente al punto. Este proyecto de país industrial, que
además quiere ser inclusivo, necesita un sistema educativo en expansión, que
proyecte qué tipo de conocimiento se necesita y, por lo tanto, cuáles serán las
áreas de mayor demanda para planificar la formación de técnicos, ingenieros y
científicos sociales y naturales. En este contexto se crea a fines de 2007 el
MINCyT, asume Barañao como ministro y Cecatto queda al frente de una de sus
secretarías. Y mientras ambos construyen un ministerio desde cero, en 2010 el
CONICET ya tiene poco más de 6000 investigadores y una población creciente de
becarios. Entonces se comienza a trabajar en el “Plan Barañao”, que
concluye que la Argentina debe alcanzar en 2020 una población de 5 científicos,
tecnólogos y becarios cada 1.000 habitantes de la población económicamente
activa (PEA), cifra muy razonable para un país en desarrollo. Y así llega el
CONICET a fines de 2015, con 9.200 investigadores y 10.000 becarios, población
que acompaña el logro de haber alcanzado los 3 científicos, tecnólogos y
becarios cada 1.000 habitantes de la PEA. Hasta este punto, podemos decir sin
titubear que el período 2003-2015 es lo mejor que le ocurrió a la ciencia y a
la tecnología argentinas desde 1810. Pero entonces asume la presidencia
Mauricio Macri y Barañao, casi de rodillas, jura a la comunidad científica que
va a continuar con el “Plan Barañao”. En alguna nota o entrevista confiesa
sentirse un equilibrista del Cirque du Soleil. Hasta acá no es otro Diego Bossio,
sino algo así como un hábil garrochista de “la grieta”. La gran falacia que
difunde sin decirlo es que un proyecto de país neoliberal, desindustrializador,
que apuesta al agro, a la minería y a los flujos especulativos necesita la
misma ciencia y tecnología que un país industrial que se orienta a la justicia
social. Durante 2016, en un clima de inflación y déficit fiscal sin obra
pública, Barañao y Cecatto hicieron como si todo siguiera igual. Y entonces,
cuando llegó fin de año y debían ingresar 900 becarios a la carrera de
investigador, Barañao nos explica lo siguiente: “[…] No hay ningún país que con
un 30 por ciento de pobreza esté aumentando el número de investigadores como lo
está haciendo la Argentina”. ¿Cómo? Espere…Es al revés… La pobreza desde el
siglo XIX se combate con inversión en educación, ciencia y tecnología y se
coordina con el crecimiento industrial… Esa frase, señor ministro es del siglo
XVIII. Ya no se sostiene ni siquiera en el siglo XIX. ¿Pero qué dice
Cecatto, finalmente el presidente de la institución de marras? Lo hizo ante
Zlotogwiazda y Martínez: “Yo no tengo registro de que diga el plan
específicamente 10 por ciento de incremento… no creo que lo diga en esos
términos”. Y lo que sigue en este programa es para una escena de Los Hermanos
Karamazov, cuando algún personaje se humilla a sí mismo y el lector descubre
las profundidades insondables de la miseria humana. ¿Qué otro final
entonces que la indignación de la comunidad de científicos y tecnólogos y de
parte de la sociedad? Especialmente de los jóvenes, que creyeron en estos
funcionarios y que planificaron sus vidas a partir de la garantía que supone
una política de Estado, que no es ni kirchnerista ni macrista, porque fue
consensuada en democracia. Quienes tomaron el edificio del ministerio durante
algunos días son, en su mayoría, jóvenes que decidieron hacer ciencia y
tecnología en la Argentina y que no quieren volver a figurar en la lista de los
cerebros fugados por políticas de subdesarrollo. - See more at: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/ciencia-para-que/#sthash.vPxiFF0r.dpuf
Antecedentes del Dr. Diego Hurtado
Antecedentes del Dr. Diego Hurtado
datos académicos
Título/s
Doctor en Ciencias Físicas
Licenciado en Ciencias Físicas
Licenciado en Ciencias Físicas
Categoría
INV ADJUNTO
Disciplina científica
Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural
Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural
Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural
Disciplina desagregada
HISTORIA-DE LAS CIENCIAS
Campo de aplicación
Ciencia y cultura-Ciencia y tecnologia
Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales
Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales
Especialidad
Historia social de las ciencias en la Argentina, siglo XX
Tema
Construcción de contextos institucionales para las prácticas de investigación y desarrollo en la Argentina: ideologías científicas, poder político y sentidos culturales
Lugar de trabajo
CENTRO DE EST.DE HISTORIA D/L/CNCIA."JOSE BABINI" -
ESCUELA DE HUMANIDADES -
[UNSAM] UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN -
ESCUELA DE HUMANIDADES -
[UNSAM] UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN -
