El ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva defendió la cantidad de ingresantes al organismo
Clarin VIERNES
27 DE ENERO DE 2017 • 09:17
El ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, se
refirió a los ingresos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), a los fondos destinados a la ciencia y a los objetivos del
organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la
Argentina.
"El Estado invierte en cada
doctor con beca posdoctoral un millón y medio de pesos aproximadamente. Es una
inversión muy grande y un beneficio muy peculiar que recibe aquel que ha pasado
por esta etapa. Muy pocos entran. ¿Qué pasaba? El Conicet venía creciendo a un
ritmo acelerado para corregir el envejecimiento de la pirámide. Habían fijado
un tope, que se mantiene, los 14.000 investigadores, que es más alto que el
consejo de investigadores de Francia o España, no es una cifra menor. Y existía
la expectativa de mantener esto por siempre, una expectativa que
lamentablemente no pudo.... No tomamos el recaudo de ir aclarándola, pero
teníamos que ir adecuando a un estado en el cual pudieran entrar tantos
investigadores como se jubilaban, y mantener ese estado estacional",
explicó Barañao en el programa Intratables.
Según detalló el funcionario, "se había fijado una vacante de 450 a
600 investigadores, de ingresos totales, investigadores, personal de carrera,
administrativos" y que "cuando se anunció el número de vacantes que
efectivamente entraban al Conicet, alrededor de 450, era sensiblemente inferior
a la expectativa".
Barañao aseguró que "no existe
un derecho adquirido de aquel que está en un orden de mérito", que
"simplemente hay un cupo" y que en el país hay 70.000 puestos de
investigadores de los cuales solamente 10.000 son del Conicet. "Lo que
pretendemos es que los investigadores que no entran al Conicet se inserten en
el sistema científico o en empresas nacionales para cumplir la tarea para la
cual han sido preparados", planteó.
El ministro, a cargo de la cartera
desde diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner ocupaba la Presidencia,
aseguró que "si el Conicet incorporara mil investigadores por año, en tres
años tendríamos que cerrar el ingreso por seis años". Consultado sobre la
razón, contestó: "Porque llegamos a 14.000, que es el número máximo de
investigadores que puede absorber [el organismo]".
Respecto de ese techo de 14.000
investigadores, Barañao justificó que cada investigador requiere "no sólo
un salario", sino también "insumos, edificios, una superficie".
"Hay una perspectiva de hasta
cuánto puede crecer [el Conicet]. Se hizo en forma muy optimista, esto empezó
hace varios años, cuando las perspectivas de crecimiento del país eran otras.
Hoy la situación es diferente y sin embargo mantenemos esa meta de llegar a
14.000 investigadores en el Conicet", aclaró.
Barañao advirtió que en países con
"un acoplamiento efectivo entre la investigación básica, la transferencia
tecnológica y la innovación productiva, la proporción de investigadores en
instituciones como el Conicet es más o menos" como la que existe hoy en la
Argentina.
"Esta cifra de 400
investigadores que entren por año es totalmente razonable. En Estados Unidos,
que tiene un presupuesto de ciencia mil veces superior al de Argentina, entran
3000 por año. No es un tema gremial ni de derechos, es un tema de administración
de activos del Estado", alegó.
En diciembre del año pasado, el
Conicet estuvo en boca de todos porque el Gobierno había decidido disminuir
significativamente el número de vacantes para ingresar en la carrera de
investigador. Se desató una protesta generalizada: el conflicto duró varios
días y se desactivó sólo cuando las autoridades ofrecieron otorgar unas 500
becas por un año a quienes habían quedado fuera del cupo de ingresantes
establecido, con la promesa de estudiar la situación de cada uno durante ese
año.
Según Barañao, la inversión para
estas 500 personas es de 750 millones de pesos. "No los podemos dilapidar.
No queremos que se vayan, queremos que trabajen en el país. Lo que pasa es que
la sociedad, que les ha pagado la formación, tiene derecho a decidir dónde se
necesitan y eso es lo que se va a hacer durante este año", sostuvo.
Consultado sobre la
"politización" del conflicto en diciembre último, el ministro de
Ciencia insistió en que "había una expectativa de ingresos que no pudo ser
satisfecha" y que se han comprometido a encontrar una solución. "No
lo hacemos para otros trabajadores, que tienen los mismos derechos a que el
Estado se preocupe por su futuro laboral, pero, bueno, consideramos que, por la
inversión que se hizo, amerita que tratemos de usarlos efectivamente en
beneficio de la sociedad en su conjunto", concluyó.
